- “No puede ser que un municipio no agote todas las instancias judiciales para defenderse, para defender el patrimonio, el presupuesto municipal”, argumentó el Concejal de Talagante.
Si bien concuerda con que se trató de una situación inédita para el Concejo Municipal de Talagante, Andrés Llorente indicó que la actitud de los cuatro concejales que no asistieron a la sesión 82, estriba en razones de fondo. En tal sentido, el concejal talagantino explicó que la pérdida de 310 millones de pesos en un juicio “muy mal defendido” y, además, la falta de medidas administrativas de carácter correctivo, están en la base de esta “señal de protesta” con que él y sus otros tres colegas no se presentaron a la convocatoria de este jueves, a las 16:00 horas.
A juicio del Concejal Llorente todo parte hace años atrás durante la ejecución de las obras del proyecto “Mejoramiento Balneario Municipal Parque Tegualda II Etapa, Talagante”. “Este juicio se generó por modificaciones o ampliaciones a esta obra, en la cual procedió el municipio sin tener la aprobación por parte del Gobierno Regional. Por lo tanto se jugaron un poker, como se dice, en el sentido de ampliar obras, de hacer modificaciones, sin tener las autorizaciones y, por lo tanto, esa empresa está 
cobrando esa diferencia y nos ganó el juicio al respecto”, recapituló el representante de la comunidad.
En segundo lugar, el integrante del Concejo Municipal de Talagante criticó la forma cómo se procedió para defender los intereses del municipio una vez ingresada la demanda por parte de la empresa IMACO Ltda. “Hay que tener presente que este juicio pudo haber durado 5 a 6 años y haber llegado a la Corte de Apelaciones, y nosotros lo perdimos en primera instancia, sin ni siquiera haber apelado, entonces, la verdad, no quiero calificar, pero nada más que negligencia por el momento (…). No puede ser que un municipio no agote todas las instancias judiciales para defenderse y defender el patrimonio, el presupuesto municipal”, subrayó Andrés Llorente.
Para el concejal el monto involucrado de dinero es muy perjudicial para la Municipalidad de Talagante. “Es un monto muy importante para el presupuesto municipal. Para tener una idea, en seguridad ciudadana nosotros nos gastamos anualmente 400 millones, Dideco tiene 500 millones, y estamos hablando de 310 millones de pesos que van en directo desmedro de nuestro presupuesto y de la gestión municipal, independiente de cuál sea el acuerdo al que se haya llegado con la empresa para poderles pagar, pero esa plata va a salir tarde o temprano de las arcas municipales y nosotros no concurrimos, porque no estamos de acuerdo, estamos dando una señal de protesta cuatro concejales”, afirmó el Concejal Llorente.
Seguidamente, el representante de la ciudadanía local agregó que además de la controvertida ejecución del proyecto y, luego, la mala defensa que se hizo en el Segundo Juzgado de Letras de Talagante, un tercer aspecto reprochable ha sido la falta de medidas administrativas para establecer responsabilidades. “Nos parece que, además, el Alcalde (Carlos Álvarez) no ha actuado como debiera, en el sentido de instruir los sumarios a los directores o las personas responsables con respecto a esta actuación”, sostuvo Andrés Llorente e indicó que tales medidas le fueron solicitadas en su momento.
“Eso es lo increíble. Nosotros tuvimos una reunión de trabajo hace mes y medio atrás con el alcalde, en la cual se le solicitó, por parte de los concejales, que instruyera los sumarios correspondientes. No se ha hecho, creo que se lo han tomado muy a la ligera y parte de nuestra protesta y por la cual nosotros no asistimos hoy día a este concejo, es por esta razón, porque nosotros estamos seguro que el alcalde tiene que actuar, tiene que hacer los sumarios que correspondan e incluso pedir renuncia sobre todo a algunos directores (…) porque no nos cabe duda que hay una responsabilidad y una negligencia muy grande al respecto”, esgrimió Andrés Llorente.
Consultado por las acciones futuras, el concejal de Talagante precisó que como concejales por ley sólo les cabe aprobar la modificación presupuestaria, sin embargo, el propósito es que el Alcalde Carlos Álvarez tome las medidas administrativas correspondientes. “Vamos a ver cómo se va desenvolviendo esta situación, lo que sí tengo claro que el concejo municipal, de alguna manera, va a tener que aprobar tarde o temprano el pago de esta sentencia que va a repercutir directamente en el presupuesto municipal. Estamos obligados por ley, en este sentido, como concejo, como grupo a que estas platas sean pagadas, pero por eso estamos 
pidiendo las acciones sumariales que correspondan”, dijo el concejal, quien reiteró su postura de hoy.
“Yo encuentro muy delicado que un municipio dictamine ampliaciones y modificaciones de obras sin tener la seguridad que va a tener las platas por parte del Gobierno Regional y, con posterioridad, cuando nos demandan, más encima, la defensa del caso nuestra haya sido tan mal hecha, de manera tan loca, es de primer año de derecho. O sea, no concurrir a un auto de prueba, no presentar pruebas, no hacer las apelaciones correspondientes al fallo en primera instancia, la verdad que eso ni a alumnos de primer año le ocurre y nos ocurre a nosotros, a la comuna de Talagante, y perdemos 310 millones de pesos, la verdad que a mí me cuesta…no sé cómo calificarlo”, señaló el Concejal Andrés Llorente, sobre todo considerando que el jefe del servicio es abogado.
* Entrevista realizada vía teléfono