“Nuestro Presidente Gabriel Boric anunció, ayer, en cadena nacional, la presentación de un proyecto de ley histórico que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea un nuevo sistema de Financiamiento Público para la Educación Superior, conocido como FES”, comenzó señalando la Delegada Presidencial Stephanie Duarte, a propósito de la presentación al país de este nuevo cuerpo legal.
En tal sentido, la máxima autoridad provincial señaló que la propuesta hecha por el Presidente de la República al país “responde al clamor de miles de familias que por años han cargado con deudas educativas desproporcionadas” y aunque “permitió el acceso de muchos jóvenes a la educación superior, trajo consigo consecuencias tremendamente perjudiciales como un alto endeudamiento familiar y un gran costo para el Estado”, afirmó Stephanie Duarte.
A reglón seguido, la Delegada Presidencial Provincial de Talagante entró al desglose del proyecto, a fin de orientar a la comunidad sobre este nuevo marco jurídico ingresado al debate parlamentario. “Un aspecto fundamental de esta reforma es que elimina la participación de los bancos en el financiamiento de la educación superior. Esto significa que los recursos del Estado se destinarán exclusivamente a fines educativos, sin intermediarios financieros”.
Asimismo, Stephanie Duarte comentó respecto de la situación de los actuales deudores del CAE. “Con esta nueva ley, si es aprobada en el Congreso, todas las personas con deudas del CAE, Fondo Solidario y Corfo recibirán una condonación parcial o total, dependiendo de su situación particular y atendiendo determinados parámetros y requisitos. Además, se creará el FES, un instrumento moderno y eficiente que permitirá a los estudiantes cursar una carrera sin pago de matrícula ni arancel durante sus estudios”.
De igual modo, la Delegada Presidencial de la provincia de Talagante precisó que el nuevo sistema, denominado FES “se adaptará a la 
realidad de cada beneficiario” y explicó que el pago “comenzará un año después del egreso o interrupción de estudios, y será proporcional al ingreso, con un máximo del 8% del sueldo” e incluye una indicación para quienes tengan ingresos menores a 500 mil pesos mensuales queden exentos de pago.
“Este cambio no solo mejora la política educativa, sino que también es un acto de justicia social. Estamos construyendo un sistema equitativo y acorde a los desafíos del siglo 21, donde el bienestar de las familias, la sustentabilidad de las instituciones de educación superior y la responsabilidad fiscal son los principios fundamentales”, resumió la Delegada Presidencial Stephanie Duarte, que valoró este avance en materia de financiamiento de la educación superior.
“Como Gobierno, estamos cumpliendo nuestro compromiso de terminar con el CAE y avanzar hacia un sistema de educación superior más justo y accesible para todos, sin la intervención de la banca privada. Este es un paso crucial para garantizar que la educación sea un derecho y no un privilegio en nuestro país”, afirmó Stephanie Duarte.