Por JUAN FERNANDO ESPINOSA SÁNCHEZ.
- Tres son las causas que persiguen deslindar responsabilidades: dos que están radicadas en la Fiscalía Local de Talagante y una en la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente por el delito de cohecho.
El lunes recién pasado se conmemoraron 7 años de los primeros desprendimientos de las paredes del Relleno Santa Marta, provocando un desplazamiento de la biomasa que posteriormente dio lugar al incendio de la basura, suceso que alcanzó gran notoriedad por la nube de humo que invadió la capital del país los días siguientes. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos; de la resolución de un Tribunal Ambiental de Santiago y la posterior confirmación de aquel fallo por la Corte Suprema de Justicia sobre el daño provocado; y, por último, del tiempo transcurrido, en lo penal, aún no hay sentencia ni responsables ni penas ni reparaciones.
A juicio de la Fiscal Jefe de Talagante, Paola Salcedo, esta situación obedece causas de distinta naturaleza e intenta explicar lo sucedido desde que llegó a la Fiscalía Local de Talagante proveniente de otra unidad desde la capital. “Yo llegué el 2019 acá a la jurisdicción, no podría responder por todos los años anteriores al 2019, pero sí del 2019 en adelante ocurrieron dos eventos importantes que nos hacen, de alguna manera, perder el foco, tal vez, en algunas causas para concentrarnos en otras, producto de la contingencia”, explicó.
Paola Salcedo sostuvo que la primera de estas situaciones fue el estallido social, a fines de 2019, coyuntura que les obligó a destinar “energía 
a un volumen importante de causas y tipos penales bien diversos” y una segunda circunstancia fue el contexto sanitario, a partir de marzo de 2020. “La pandemia, no obstante, es una cuestión de carácter sanitario absoluto, tuvo una implicancia fundamental en nuestras carpetas investigativas. Tuvimos mucho menos personas que nos colaboraran en estas investigaciones, desde nuestros colaboradores internos, que son nuestros propios funcionarios, a colaboradores externos, que son básicamente las policías”, recapituló.
Un propósito claro para 2023
No obstante, la Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Talagante coincide que es necesario “subsanar” esta demora en la persecución de justicia respecto de lo ocurrido en enero de 2016 en los cerros de Lonquén y admitió que “es parte de nuestra propuesta del año 2023, resolver todas aquellas causas que tenga una larga data y que es necesario dar una respuesta a las víctimas y a la ciudadanía”, como es el caso de estas carpetas investigativas relacionadas con el Relleno Santa Marta: una por daño al medioambiente por la contaminación del componente agua y, la segunda, en contra el directorio del consorcio (ver recuadro aparte).
Según precisó Paola Salcedo “ambas causas están en etapa final, donde el Ministerio Público debe cerrar investigación y/o presentar una acusación en contra de los responsables por las diferentes áreas” y a su entender la idea es llevar ambas causas “de manera conjunta”, porque de esa forma favorece el avance de la misma y “va a ser beneficioso para los imputados que se resuelva su conflicto en una sola instancia y en relación a una sola causa que además están muy relacionadas una con la otra”.
De qué forma se espera acelerar el cierre de ambas causas
“Entonces estamos en esa posición jurídica –agregó-, tenemos que resolverla este año, vamos a acusar, sin perjuicio de la posible salida alternativa que pudiera tener esta carpeta investigativa, ambas, que pudieran estar en la línea de la suspensión condicional, creo yo. Lo más seguro es que todos los imputados reúnan los requisitos para una salida de esta naturaleza, pero es necesario que nuestro fiscal regional (José Luis Pérez Calaf) autorice dicha salida y en el evento de autorizarla, nos haga saber cuál es su decisión en cuanto a las condiciones a imponer”, declaró la Fiscal Jefe de Talagante.
De acuerdo con la persecutora el ordenamiento jurídico contempla dos formas de resolver ambas causas relacionadas a Santa Marta. “Una son los acuerdos reparatorios y la otra es la suspensión condicional del procedimiento” y esgrimió que desde su visión jurídica, “los acuerdos reparatorios no debiera ser posible en este caso por los bienes jurídicos protegidos, no son bienes estrictamente patrimoniales, que es lo que habla el código, ni estamos en aquellos tipos penales donde el acuerdo reparatorio es permitido. Esa es una posición jurídica, no obstante, debatible”, admitió.
La opción de la Fiscal con la anuencia de su jefatura
Siguiendo la lógica de la Fiscal Jefe frente a la forma de resolver y cerrar la carpeta investigativa de ambas causas contra Santa Marta y su directorio la segunda opción resulta más posible para la persecutora. “En relación a la suspensión condicional, lo más seguro, y que a mí me haría sentido, me imagino que al fiscal regional también, es algún tipo de salida que le permita a la comunidad alguna reparación en torno al daño ambiental provocado”, acotó, al mismo tiempo que admitió que el Fiscal Regional tiene 
conocimiento de la marcha de la causa y del tiempo transcurrido.
“Tengo pleno conciencia que don José Luis tiene conocimiento porque es una causa que tiene relevancia y en la que el Fiscal Heriberto Reyes, que es el fiscal asignado a esta investigación, yo sé que ha estado, por los dichos de don Heriberto Reyes, en conversaciones tanto con los abogados defensores de Santa Marta, llámese gerencia o directorio, y también ha estado en conversaciones con nuestro Fiscal Regional por cuanto es una carpeta que tiene una implicancia en la zona y en ese sentido es difícil mantener al margen a nuestro Fiscal Regional y de las decisiones que se tomen en torno a esta.
Mea Culpa y compromiso con el rol esperado
Consultada por su mensaje a la comunidad, en el marco de los 7 años de lo ocurrido en el Relleno Sanitario de Santa Marta, en la localidad de Lonquén, a partir de los días 15 y 16 de enero de 2016, la Fiscal Jefe de Talagante asume con rigor la temporalidad transcurrida. “Mi mensaje 
es de autocritica, nosotros necesitamos resolver las causas en un menor tiempo. Es multifactorial el porqué no haberlo hecho, pero sin duda que los responsables finales somos nosotros como Ministerio Público”, afirmó la persecutora e instó a la comunidad a no perder “la necesaria confianza que se requiere en el Ministerio Público”.
“El Ministerio Público si ha dejado de hacer algo, puede haber ocurrido por diferentes factores, pero que nunca se piense que alguno de esos factores, es algún grado de complicidad o de colaboración de alguna manera indirecta a la impunidad. No es lo que perseguimos, no es lo que buscamos (…). Pudieran haber otros factores de por medio, pero no pensar que es algún grado de complicidad o de cierta cooperación encubierta a la defensa o a los imputados, no es lo que nos mueve en ninguna carpeta investigativa y esta no se aleja de aquello. O sea, no está en ese parámetro”, señaló la Fiscal Jefe, Paola Salcedo.
CAUSAS VISTAS EN EL TRIBUNAL DE GARANTÍA DE TALAGANTE
Desde el año 2016 la Fiscalía Local de Talagante abre una primera carpeta investigativa por daño ambiental, a cargo del Fiscal Heriberto Reyes, y, luego, desde el año 2021 el mismo persecutor lleva adelante una segunda causa en contra de los miembros del directorio de Santa Marta.
- En la primera causa, desde el 9 de marzo de 2020, se encuentran en calidad de imputados, con arraigo nacional, el gerente general del relleno Rodolfo Bernstein Guerrero y el Gerente de Operaciones Richard Oyarce Gálvez.
- En la segunda arista destinada a deslindar responsabilidades por parte del Directorio del Consorcio Santa Marta en los graves hechos ocurridos en enero de 2016 se encuentran en calidad de imputados, con arraigo nacional, desde el 1 de septiembre de 2021, los señores directores: Guillermo Arturo Ruíz Pérez; Giorgio Dario Benucci Torrealba; Andrés Ruíz-Tagle García-Huidobro; Gustavo Silva Cabello; Juan Eduardo Irarrázaval Comandari.